Por Águila de Raíces
El Departamento Villaguay y la zona de Estación Raíces atraviesan una situación límite que roza la emergencia humana y social. Los caminos rurales se encuentran en un estado de abandono total e intransitabilidad absoluta, dejando a numerosas familias del ámbito rural atrapadas y aisladas sin poder salir de sus hogares.

Lo más alarmante es que el fenómeno climático del Niño —advertido incansablemente desde finales del año pasado— ya comenzó, y las precipitaciones más severas aún no han iniciado. Frente a esto, los supuestos arreglos ejecutados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) solo agravaron la traza: intervenciones improvisadas, remoción de barro sin drenaje ni alcantarillado técnico que terminaron convirtiendo los accesos en verdaderos pantanos profundos donde ni siquiera los tractores pequeños pueden circular.

A esta desidia estatal se suma la falta de empatía y de responsabilidad social de ciertos arrendatarios que, al no residir en la zona ni padecer el aislamiento cotidiano, transitan en días de lluvia con maquinaria agrícola de gran porte, terminando de destruir las pocas vías alternativas de escape y dejando el terreno intransitable para el resto de los vecinos. Nadie controla, nadie sanciona y nadie se hace cargo.

La paradoja de la Ley de Consorcios Camineros: Legalidad, burocracia y trabajo sin remuneración para el productor

En lugar de atender la urgencia operativa de los caminos, legisladores, senadores y diputadas departamentales concentraron la agenda en la sanción de la nueva Ley de Consorcios Camineros. Bajo la premisa de buscar una solución, la normativa en la práctica profundiza la desigualdad y traslada al sector productivo responsabilidades exclusivas del Estado provincial:

Delegación de funciones públicas: La ley reconoce un esquema de trabajo no remunerado (ad-honorem) donde el productor debe aportar su propio tiempo, combustible, repuestos y maquinaria para mantener la red pública. Mientras el productor trabaja gratis para garantizar la conectividad de la zona, la estructura de Vialidad se mantiene intacta, con más de 1.800 empleados cobrando sueldos del erario público para realizar una tarea que terminan delegando en los vecinos.

Aumento de la carga burocrática: Los consorcios que se constituyan (requiriendo un mínimo de 7 miembros en la comisión y 20 socios activos) deben someter la totalidad de sus proyectos a la aprobación técnica previa de la DPV. Asimismo, al administrar fondos públicos, quedan sujetos a la fiscalización externa del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y al control contable de la propia Vialidad, lo que demanda horas de gestión e indefectiblemente el costo de asesoramiento profesional técnico y contable (contador /abogado) que vuelve a financiar el productor con su bolsillo.

Incertidumbre financiera: A diferencia de marcos normativos más ágiles (como el modelo de anticipos garantizados de Córdoba), la ley excluye estas obras de la Ley de Obras Públicas pero no establece un mecanismo transparente ni ágil de reembolso por certificado ejecutado, sometiendo a los consorcios a históricas demoras en los pagos.
Fiscalización sin ejecución: El Estado se reserva la facultad de aprobar, auditar y frenar proyectos, reteniendo el monopolio de la autoridad de aplicación, pero deslindando el costo operativo directo en el campo.
La realidad de la Zonal Villaguay: Corrupción, privilegio y oportunismo político

Aunque las falencias de la Zonal Villaguay de Vialidad arrastran más de 20 años de deficiencias estructurales, la situación actual presenta niveles de deterioro institucional jamás vistos. Se observa un desmantelamiento operativo de los depósitos, maquinaria fuera de servicio y una inacción generalizada. Resulta indignante para la comunidad constatar cómo los responsables de la gestión continuaron en sus cargos sin rendir cuentas, utilizando de manera discrecional los vehículos e insumos del Estado como patrimonio personal mientras las familias rurales pierden días de clase, acceso a la salud y capacidad de trabajo.

Hoy, la indignación trasciende cualquier color político. Tanto organizaciones gremiales como vecinos que anteriormente defendían las gestiones oficiales y agredían a quienes reclamaban tildándolos de "hacer política", hoy se ven obligados a salir a denunciar la misma realidad. Mientras tanto, legisladores de todos los partidos promocionan la ley como una solución mágica sin pisar el territorio, preparándose para las próximas campañas electorales donde volverán a prometer el arreglo de los caminos rurales como hacen cada año. Sería un ejercicio de estricta justicia republicana que aquellos funcionarios y legisladores que impulsaron esta normativa aceptaran trabajar de manera totalmente ad-honorem, aportando sus propios recursos para sostener las estructuras estatales que hoy permanecen inactivas, como pretenden con los productores.

La prueba irrefutable: El trabajo se puede hacer, lo que falta es honestidad
Reclamamos porque nos consta con pruebas concretas que Vialidad sí tiene la capacidad operativa de hacerlo cuando hay voluntad y gestión transparente. No aceptamos el discurso oficialista del "no se puede" o la falta de recursos, porque ya quedó demostrado en la gestión del anterior jefe zonal interino, el topógrafo Márquez. Con apenas tres meses al frente de la Zonal, Márquez logró recuperar cuatro máquinas (dejando cinco operativas y cinco grupos de trabajo distribuidos en el territorio), puso nuevamente en valor el carretón e hizo funcionar la fábrica de tubos de alcantarillado, dotando a la zona de insumos clave para los drenajes.

En un contraste vergonzoso, la gestión posterior del Ing. Juan Ramírez —quien llegó con el discurso de la solvencia técnica por ser oriundo de la zona— derivó en un desmantelamiento escandaloso. Lo que comenzó como soberbia profesional se transformó en la comodidad de los privilegios, el uso indebido de los recursos públicos pagados por los contribuyentes entrerrianos y el alineamiento con la corrupción. Bajo su mando, la Zonal quedó reducida a una sola máquina operativa, la fábrica de alcantarillas fue completamente abandonada y el personal de carrera sufre la persecución y el maltrato constante. No hay justificación técnica ni financiera: el problema de la Zonal Villaguay no es la falta de presupuesto, es la corrupción impune.

¿Cuándo se unirá el pueblo?
Hace más de tres años que los vecinos de la zona rural vienen presentando notas, reclamos verbales y denuncias públicas ante la indiferencia de los organismos competentes. La falta de infraestructura vial no es un debate partidario; es una violación directa al derecho a la libre circulación, a la salud y a la educación garantizados por la Constitución.

El pueblo trabajador —apoye o no al gobierno de turno— sigue siendo el único perjudicado por la desidia institucional. Llegó el momento de tomar conciencia de que la protección de la comunidad solo se logrará cuando los vecinos se unan de manera firme y organizada en defensa de sus propios derechos, utilizando las vías administrativas y judiciales correspondientes para responsabilizar directamente a los funcionarios públicos por el incumplimiento de sus deberes.

Conclusión
La Ley de Consorcios y los convenios con comunas, publicitados ruidosamente como la solución definitiva para los caminos rurales de Entre Ríos, quedaron en la nada. Ni Vialidad Provincial ni las comunas que firmaron acuerdos han implementado mejoras reales. La realidad palpable son los huellones y el barro intransitable en el Monte Montielero.

Es contradictorio ver a productores y residentes del campo apoyar a los políticos que perpetúan esta desidia. Esperan que otros hagan el trabajo duro y pongan las herramientas para mejorar la infraestructura. Para ellos, la solución parece fácil cuando recae en terceros, pero muestran nula predisposición para involucrarse directamente, y menos sin remuneración.

Lo único seguro es que mientras Vialidad Provincial y el gobernador y los dirigentes no trabajen en serio con la gente de campo, esto no se resolverá.