El docente Ramón Fernández, Secretario general de la CTA de los trabajadores y trabajadoras de Villaguay señaló que "luego de pensar tomo coraje y el atrevimiento de escribir una carta abierta, espero que cada docente pueda leer y compartir", expresó en redes sociales.

Carta abierta a DDE Villaguay y a la supervisión
Cuando cumplir con la escuela también significa cuidar a quienes la sostienen.
A la DDE Villaguay.
A los supervisores y supervisoras.
Hay veces en que escribir deja de ser una elección y se transforma en una necesidad.
Necesidad de decir lo que muchos sienten y pocos se animan a expresarse.
Necesidad de poner palabras allí donde durante demasiado tiempo hubo silencio.
Necesidad de recordar que detrás de cada horario, cada planilla, cada acta y cada expediente, hay trabajadores y trabajadoras de la educación.
La escuela rural no es un papel.
No es una oficina.
No es una casilla dentro de un sistema administrativo. La escuela rural está en los caminos de tierra,en las rutas deterioradas, en las distancias interminables, en el frío,en la oscuridad que llega temprano y quienes, muchas veces, debemos hacer dedo para poder llegar o regresar de su lugar de trabajo.
Está en dejar familias,hijos pequeños,madres, padres y hogares para garantizar que un grupo de niños y niñas tengan todos los días su derecho a la educación.
Y, sin embargo, pareciera que cuando se habla de organización horaria, esas realidades desaparecen detrás de un escritorio.
Se habla de normativa.
Se habla de procedimientos.
Se habla de jerarquías.
Pero. Dónde queda la persona?
La normativa que regula el calendario escolar y la organización de las escuelas rurales contempla precisamente que las particularidades de la ruralidad deben ser consideradas. El decreto 526/75 y las disposiciones vigentes del CGE. contemplan la posibilidad de adecuaciones debidamente fundamentadas, atendiendo a las características de cada institución y el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2.026 tampoco es ajeno a cuestiones vinculadas con la seguridad,la salud,el transporte y las particularidades propias de los establecimientos educativos rurales.
Entonces cabe preguntarse.
Qué sucede cuando una institución rural plantea una educación fundada en su realidad concreta y esa realidad no es escuchada?
La normativa se aplica solamente cuando resulta conveniente?
La letra de la Ley puede convertirse en una barrera en lugar de ser una herramienta para resolver situaciones?
Puede interpretarse una norma desconociendo el contexto para el cual fue pensada?
No pedimos privilegios.
Pedimos que se nos escuche.
No solicitamos trabajar menos.
Pedimos poder trabajar en condiciones razonables y seguras.
No queremos dejar de garantizar días de clases, todo lo contrario.
Quienes trabajamos en la ruralidad sabemos perfectamente lo que significa sostener una escuela abierta y funcionando. Sabemos lo que significa llegar aunque el camino sea imposible de transitar, aunque tengamos que hacer dedo, aunque sepamos que al finalizar la jornada todavía nos esperan muchos kilómetros para regresar a casa.
Y muchas veces lo hacemos.
Lo hacemos porque somos docentes.
Lo hacemos porque debemos que detrás de cada alumno hay una familia y un derecho que garantizar.
Pero también somos trabajadores.
Y los derechos laborales no desaparecen cuando cruzamos la tranquera de una escuela rural.
Y dónde está el acompañamiento?
También resulta necesario hablar del rol de la supervisión, supervisar no debería significar solamente controlar. Supervisar también significa acompañar, orientar, asesorar, mediar y ayudar a encontrar soluciones.
Quienes alguna vez transitaron la ruralidad conocen o deberían conocer las dificultades que existen detrás de cada jornada escolar.
Por eso duele todavía más cuando quienes deberían comprender esa realidad terminan avalando respuestas administrativas sin que se advierta una verdadera instancia de escucha, diálogo y mediación.
La supervisión no debería convertirse en una pared entre el docente y la autoridad.
Debería ser un puente.
Un puente capaz de llevar la voz de la escuela hacia quienes toman decisiones.
Porque cuando un docente plantea una situación concreta, fundada y vinculada con la realidad institucional,no está desafiando a la autoridad, está ejerciendo su derecho a peticionar y a buscar una solución administrativa.
La burocracia no puede convertirse en hostigamiento, también preocupa que cuestiones propias de la función administrativa comiencen a sentirse como mecanismo permanente de control.
Preguntar reiteradamente si el docente está en la escuela, controlar cada movimiento, observar cada planteo como si fuera una falta y transformar una situación laboral en una cuestión personal no contribuye a mejorar la educación.
La autoridad debe ejercerse con responsabilidad.
El control debe tener límites.
Y el respeto debe ser recíproco.
Porque una escuela no se construye desde el miedo.
Una escuela se construye desde la confianza, el diálogo y la responsabilidad.
También debemos mirarnos a nosotros mismos y aquí corresponde hacer una autocrítica.
Durante demasiado tiempo los trabajadores de la educación hemos aprendido a callar.
A veces por miedo a un acta
A veces por temor a una sanción.
A veces porque pensamos que nada va a cambiar.
A veces porque repetimos una frase peligrosa " siempre fue así".
Y cuando todos callamos, la arbitrariedad encuentra terreno fértil.
Quizás también tenemos que preguntarnos cuanto de esa realidad hemos permitido, por permanecer en silencio.
Porque reclamar no significa faltar el respeto.
Preguntar no significa desafiar.
Presentar una nota no significa alterar una jerarquía.
Pedir que se cumpla la normativa no significa desconocer la autoridad.
Ser docente también es enseñar con el ejemplo y difícilmente podamos enseñar ciudadanía, derechos, participación y pensamiento crítico si nosotros mismos tenemos miedo a ejercerlos.
No queremos privilegios. Queremos derechos.
No queremos una escuela rural sin reglas.
Queremos reglas que contemplen la ruralidad.
Queremos autoridades que ejerzan su autoridad con diálogo, razonabilidad y respeto por quienes sostienen diariamente el sistema educativo.
No queremos supervisores ausentes.
Queremos supervisores que acompañen.
No queremos enfrentamientos.
Queremos respuestas.
No queremos que nuestras notas terminen archivadas, queremos que sean leídas, analizadas y contestadas en tiempo y forma.
Y fundamentalmente, no queremos que plantear una situación laboral termine convirtiéndose en un antecedente en nuestro contra.
Porque decir lo que sucede no debería ser una falta.
Tal vez esta carta genere incomodidad, tal vez alguien considere que se está cuestionando demasiado.
Pero hay una diferencia fundamental.
No escribo desde el odio.
Escribo desde el cansancio.
No escribo para ofender.
Escribo para ser escuchado.
No escribo contra la escuela pública.
Escribo porque creo profundamente en ella.
Y si alguna vez se interpreta que decir lo que sucede constituye una falta, habrá que preguntarse que clase de sistema educativo estamos construyendo.
Porque una educación que enseña a pensar no debería ser castigar a quienes piensan.
Una institución que enseña derechos no debería incomodarse cuando sus trabajadores lo ejercen.
Y una administración que sostiene que cumple la legislación debería estar dispuesta, también a escuchar cuando un trabajador plantea que una determinada interpretación puede estar desconociendo el espíritu de las normas y las particularidades concretas de una escuela.
La ruralidad no pide lastima.
Pide reconocimiento.
Los docentes rurales no pedimos privilegios. Pedimos que se reconozca nuestro trabajo.
Y si para garantizar el derecho de nuestros alumnos a tener clases, hemos dejado familias, hijos pequeños,tiempo personal y tranquilidad entonces también tenemos derecho a decir.
Nosotros también importamos.
Qué esta carta no sea entendida cómo una amenaza, que sea entendida cómo una invitación:
A dialogar.
A revisar.
A escuchar.
A acompañar.
A construir una administración educativa donde la normativa no sea utilizados cómo un número,sino como una herramienta para encontrar soluciones.
Porque la autoridad, puede ordenar. Pero la verdadera autoridad también sabe escuchar y porque quizás llegó el momento de dejar de ser docentes que simplemente obedecen y comenzar a ser también trabajadores conscientes de nuestros derechos y responsabilidades.
No pedimos que nos den la razón.
Pedimos algo más sencillo que nos escuchen.
Y cuando una escuela rural levante la voz, quienes tienen la responsabilidad de conducir la educación no miren hacia otro lado.
Porque detrás de cada expediente hay una persona.
Detrás de cada horario hay una familia.
Detrás de cada escuela rural hay una comunidad.
Y detrás de cada docente, que si llegando, aún, cuando todo cuesta el doble ,hay una historia que merece ser respetada .
La escuela rural permanece.
Los docentes también.
Pero nadie debería tener que elegir Entre cumplir con su trabajo y cuidar su propia vida.
No queremos privilegios.
No queremos silencios.
No queremos miedos.
Queremos una educación pública, derechos laborales, diálogo y respeto.
Porque defender la escuela pública también significa defender a quienes todos los días la mantenemos de pie.