Las cifras oficiales del Observatorio de Seguridad Vial de Entre Ríos corresponden al primer semestre de 2026 y resultan alarmantes: 72 personas perdieron la vida en 55 siniestros fatales registrados entre enero y junio. Si la tendencia actual no se revierte, el año cerrará con más de 140 víctimas fatales, superando los registros de 2025.

Detrás de cada estadística hay familias destrozadas. El informe revela además 340 heridos graves, casi 200 heridos leves y un impacto devastador en los jóvenes: el grupo de entre 15 y 24 años representa el 22% de los fallecidos. Departamentos como Paraná (17 muertos) y Concordia (13 muertos) encabezan la lista de tragedias, seguidos por Gualeguaychú y las arterias más peligrosas como la Ruta Nacional 14, la 12 y la 18.

Frente a este escenario desgarrador, surge un interrogante ineludible para la comunidad y para las autoridades provinciales: ¿Cuál es la estrategia real de la Agencia de Seguridad Vial para evitar que los entrerrianos mueran en las carreteras?

El radar como fin recaudatorio versus la prevención real
La proliferación de cinemómetros y sistemas de fotomultas en las rutas entrerrianas ha demostrado ser una herramienta eficaz para abultar las arcas municipales o provinciales, pero completamente inútil para reducir la siniestralidad mortal. Un radar ubicado en un tramo recto o estratégico de una ruta no frena físicamente a un vehículo descontrolado, no impide un sobrepaso imprudente ni detiene a un conductor bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El radar actúa a posteriori: la multa llega semanas después al domicilio del infractor, cuando el siniestro —y eventualmente la pérdida irreparable de vidas— ya ocurrió. Para la familia de una víctima fatal, de nada sirve saber que el vehículo que provocó la tragedia fue fotografiado a exceso de velocidad.

Alternativas probadas para forzar la reducción de velocidad
La seguridad vial internacional ha demostrado que la infraestructura y la ingeniería de tránsito son los verdaderos mecanismos de prevención pasiva y activa. Existen herramientas que obligan físicamente al conductor a disminuir la marcha, garantizando la seguridad en puntos críticos:

Pianitos y bandas reductoras sonoras: Producen una vibración y un aviso auditivo inmediato antes de llegar a cruces peligrosos, zonas urbanas o rotondas.
Reductores físicos de velocidad y chicanas urbanas: Obligan mecánicamente a bajar la velocidad sin dejar margen a la especulación del conductor.
Diseño de vías "perdonantes" y rotondas modernas: Sustituyen los cruces peligrosos e interrupciones en T por infraestructura que reduce en más de un 70% los choques severos.
Sistemas de fiscalización dinámica e intercepción inmediata: En lugar de enviar un acta por correo, puestos de control presenciales detienen el vehículo en el acto, apartando de la vía a quienes circulan a velocidades de riesgo o sin la documentación en regla.
Motociclistas: El eslabón más vulnerable de la cadena

El informe destaca que el 46% de los fallecidos viajaba en motocicleta. Prácticamente la mitad de las muertes en las vías entrerrianas involucran este tipo de vehículos.

Si bien los conductores de motocicletas deben asumir con absoluta responsabilidad las normas —evitando maniobras temerarias, adelantamientos indebidos, cruces de semáforos en rojo y respetando los límites de estabilidad técnica del rodado—, la fiscalización en la vía pública brilla por su ausencia. Un radar en una ruta nacional no controla si un motociclista circula con casco homologado, si lleva exceso de ocupantes o si realiza piruetas peligrosas en zonas urbanas o accesos.

Omisión estatal: La responsabilidad indirecta de la Agencia de Seguridad Vial
Nadie exonera de culpa al conductor que comete una imprudencia, maneja en exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o violando la ley. La responsabilidad individual es innegable. Sin embargo, existe otra cara de la moneda que no se puede ignorar: la omisión del Estado en su deber de fiscalización convierte a la Agencia de Seguridad Vial en un responsable indirecto de estas muertes.

Cuando el organismo estatal se limita a colocar un radar recaudador e ignora la falta de controles presenciales, permanentes y efectivos en los puntos críticos de la provincia, está dejando la vía pública a la deriva. Un Estado que detecta la infracción solo para facturarla, pero no actúa en el territorio para detener al infractor en el momento exacto en que pone en riesgo la vida ajena, es cómplice por omisión. No controlar de verdad a quienes violan la ley de tránsito es habilitar la tragedia.

Exigimos que la Agencia de Seguridad Vial de Entre Ríos abandone la pasividad del escritorio y asuma un trabajo serio, integral y presencial. Salvar vidas exige estar en las rutas deteniendo el peligro en tiempo real, invirtiendo la recaudación en infraestructura preventiva y protegiendo el derecho fundamental de los ciudadanos a transitar seguros. La vida de los entrerrianos no se devuelve con el pago de una multa.