La función pública no se mide por las intenciones, las promesas de campaña ni los títulos colgados en la pared de un despacho. En una democracia moderna, la gestión estatal se mide exclusivamente por la calidad de los servicios públicos y la resolución de problemas concretos para los ciudadanos que, con un esfuerzo desmesurado, sostienen el sistema con sus impuestos.

Hoy, en la Zonal Villaguay de la Dirección Provincial de Vialidad, asistimos a una dolorosa realidad: la prevalencia del amiguismo político por encima del conocimiento técnico real y de valores fundamentales como la responsabilidad, la integridad, el cumplimiento y, principalmente, la vergüenza. Esa decencia de mirar a la cara al contribuyente y admitir la verdad.

Cuando el actual gobernador de Entre Ríos asumió su mandato, la sociedad entrerriana depositó su confianza en una promesa de cambio estructural: desplazar las estructuras partidarias ineficientes para dar lugar a profesionales idóneos. Sin embargo, a dos años de gestión, el balance en nuestra región es alarmante. Con esta administración se ha registrado el ingreso de más de 62 jefes y subjefes mediante designaciones políticas. Una estructura burocrática que no produce un solo centavo, pero que devora los recursos que genera el sector privado, particularmente el campo, al cual el Estado le absorbe más del 60% de sus ingresos en concepto de impuestos.

Evidencias de una inoperancia sistemática
El argumento de la "escasez de recursos" —común denominador en el discurso de la justificación oficial— quedó formalmente desarticulado en Villaguay. Durante su breve gestión de apenas dos meses, el Jefe Zonal provisorio, Gonzalo Márquez —quien es topógrafo y empleado técnico de carrera dentro de Vialidad con años de trayectoria—, demostró con un presupuesto mínimo que la solución no radica en los fondos, sino en la capacidad de trabajo, el conocimiento real del territorio y la ética profesional. Al ser un hombre de la casa y no un puesto político, su único compromiso fue técnico y social. Márquez no solo optimizó los recursos e inició un esquema de trabajo excelente, sino que restableció un clima laboral respetuoso con su personal técnico y operativo; una cuestión sumamente sensible en la Zonal Villaguay que hoy, debido a presuntos abusos de mandos políticos hacia los trabajadores, se dirime en los estrados de la Justicia y frente a la cual unas simples disculpas resultan insuficientes.

Paradójicamente, la eficiencia y la idoneidad técnica parecen configurarse como un delito en la administración pública entrerriana: Márquez fue desplazado de su cargo apenas comenzó a evidenciar los resultados de una gestión intachable, quizás porque su honestidad incomodaba a las designaciones a dedo.

Tras su salida, regresaron las respuestas inconclusas. Las intervenciones viales actuales denotan una alarmante falta de planificación: se ejecutan de 1 a 5 kilómetros de obra que jamás se terminan, abandonando las maquinarias y trasladando los recursos hacia otros destinos, dejando la red caminera rural en un estado de total vulnerabilidad ante la inminente emergencia climática. El actual Jefe Zonal le ha mentido sistemáticamente a los vecinos, a los productores, a los Presidentes de Comunas y a las Juntas de Gobierno. Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿les miente también a sus superiores jerárquicos? ¿Sostiene ese mismo relato ante su propia familia?

El derecho a peticionar frente al desprestigio oficial
Los vecinos de Villaguay y Estación Raíces no hemos sido espectadores pasivos. Hemos intentado colaborar activamente aportando herramientas de organización técnica y mapas interactivos de criticidad vial. La respuesta oficial ante nuestra cooperación ha sido el silencio, la soberbia o llanamente la inacción.

Peor aún, desde las esferas del poder se ha intentado desacreditar nuestro reclamo genuino catalogándolo de "político". Tienen razón en algo: lo único estrictamente político aquí son los cargos de los funcionarios que ocupan los sillones. Nuestra demanda es netamente constitucional, humana y de supervivencia rural.

Mientras los caminos se desintegran y las familias quedan aisladas, resulta intolerable constatar el uso de vehículos oficiales y recursos del Estado para fines estrictamente particulares y en horarios laborales. Quien asume una carga pública tiene la obligación legal y moral de postergar sus intereses privados en pos del bien común. Hoy vemos a una clase política más preocupada por los armados electorales y por cómo retornar o mantenerse en el poder, que por diseñar mesas de trabajo urgentes para solucionar los problemas de los ciudadanos.

Un llamado a la memoria institucional
La decepción actual no implica, bajo ningún concepto, claudicar ni añorar los modelos del pasado a los que la ciudadanía ya les dijo "basta". Significa que el tejido social entrerriano ha madurado y está aprendiendo a no olvidar.

Exigimos una auditoría de gestión profunda. Aquellos funcionarios que carezcan de la honestidad, la idoneidad y el respeto por el ciudadano deben desaparecer de la función pública y no figurar jamás en listas electorales ni en designaciones "a dedo", independientemente del partido político al que pertenezcan. Los ciudadanos no subvencionaremos más el corporativismo político ni la defensa mutua entre privilegios.

La lucha por caminos rurales transitables y dignos continuará con firmeza legal y civil. Instamos a toda la comunidad a decir basta, a exigir que se reestablezcan profesionales con trayectoria en las zonales y a recordar que los verdaderos dueños del Estado somos quienes trabajamos y pagamos los impuestos, no quienes se atornillan a un escritorio a costa de nuestro aislamiento.

"Nuestra lucha por los caminos rurales terminará cuando estos estén en las condiciones que corresponden y sean mantenidos como corresponde."