Este lunes, a las 10, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay tratará la apelación de los defensores del sacerdote contra la elevación a juicio. Argumentan que la causa prescribió.

En la audiencia que se desarrollará este lunes 24 en Concepción del Urugay ante el camarista Mariano Sebastián Martínez, los defensores del sacerdote, con dos causas, una por promoción a la corrupción y otra por abuso sexual simple, ambas agravadas por su condición de miembro del clero, deberán exponer sus argumentos a favor de la prescripción. Esa tarea estará a cargo de los abogados Néstor Fabián Paulete y Rubén Darío Germanier.

En la audiencia también estará la fiscal Benedetti, y el querellante Juan Pablo Cosso, quienes también expondrán su argumentación en contra de la prescripción y a favor de la elevación a juicio de la causa.

Juan Pablo Cosso señaló que "la causa avanza bien, y es un dato muy alentador que se haya fijado audiencia para el primer día hábil después de la feria. Los defensores de Moya van a argumentar a favor de la prescripción. Pero nosotros entendemos que esa vía no tiene chances: desde nuestra parte hemos basado los fundamentos en jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia".

No es la primera vez que la causa Moya se tramita en los Tribunales de Concepción del Uruguay.

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad ya intervino en un planteo anterior referido a conocer el diagnóstico médico del cura, que en enero último estuvo internado en el Servicio de Infectología del Hospital San Martín. El tribunal, finalmente, no accedió a la petición que habían formulado los querellantes.

Respecto del planteo de prescripción, hay jurisprudencia en la Justicia entrerriana en otra causa por abuso que involucra a un miembro del clero, el sacerdote Justo José Ilarraz.

El 27 de abril de 2015, la Sala Penal del STJ rechazó, en un fallo dividido, el camino de la prescripción, y señaló que los delitos imputados al cura Ilarraz son "imprescriptibles". De ese modo se expresaron los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, con la disidencia de su par Daniel Carubia.

Frente a esa sentencia, el abogado de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, presentó un recurso extraordinario federal, e insistió con el argumento de que "los hechos imputados a mi defendido fueron ubicados temporalmente de forma expresa e indubitable antes del año 1992", y por lo tanto, están prescriptos. "Se observa claramente cómo los hechos que se investigan en estas actuaciones habrían ocurrido más de veinte años antes de promoverse las denuncias, habiendo largamente expirado el plazo de prescripción de la acción penal dispuesta por nuestro ordenamiento", dice el escrito.

El recurso ahora está a resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los defensores de Moya quieren seguir ese camino, y en esta instancia será clave la resolución que adopte el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que este lunes abrirá la instancia de los debates.

El sacerdote está suspendido desde 2005 por la Iglesia. Su último destino parroquial fue en Nuestra Señora de la Merced, de Seguí. Los abusos que se le endilgan habrían ocurrido cuando fue vicario en Villaguay, adonde estuvo destinado entre 1992 y 1997.

Moya está suspendido en su función de cura desde junio de 2015, cuando se abrió la causa penal en su contra, y está imputado por dos casos: uno es por promoción a la corrupción, y otro es un abuso sexual simple, en ambos casos, agravado por ser un ministro de la Iglesia Católica.

El lunes 29 de junio, dos jóvenes, un estudiante de Derecho, y un médico, Pablo Huck, ahora radicado en Rosario, ambos oriundos de Villaguay, se presentaron en Paraná ante el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y contaron sus historias de abuso.

Moya nunca accedió a prestar declaración indagatoria. En diciembre de 2016 fue citado por la fiscal Benedetti, que quedó a cargo de la causa, pero se negó a hablar. Pero su caso estalló del peor modo en el verano pasado. Fue ingresado al Servicio de Infectología del Hospital San Martín por una enfermedad de transmisión sexual. La médica que lo trató fue Laura Díaz Petrussi, a cargo del Programa Provincial de Sida. No bien se enteró del paciente que tenía ingresado, la jefa del Servicio de Infectología, Adriana Bevacqua, buscó el modo de poner en autos a la Justicia. Se presentó y pidió ser relevada del secreto médico y contó qué diagnóstico tenía Moya.

Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay.

Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público.

La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.

Cuando el caso llegó a la Justicia, en 2015, el arzobispo Juan Alberto Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis".

La expresión en latín "Gravioribus Delictis" alude a los "delitos graves", como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.

Ahora, el cura –junto a sus pares Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria—se encamina a una etapa clave: el juicio oral.

Fuente: Entre Ríos Ahora